Por: Carlos Rocha.
Unos de los pilares que sostienen al erario es el pago de impuestos. Este año se ha visto sujeto a una especie de montaña rusa en lo que corresponde a la certidumbre de las fuentes de financiamiento públicas en México debido a, entre otros, los efectos de una pandemia que ha implicado cierre de empresas, pérdida de empleos y una baja en la inversión. Por tal motivo, parecería que uno de los primeros mensajes en esa agenda estaría vinculado a una baja de ingresos tributarios. Sin embargo, con el incremento de 13.4% en la recaudación gubernamental por ingresos tributarios durante el primer trimestre 2020, se hizo evidente que la autoridad tributaria “algo hizo” para lograr mayores niveles de eficacia en sus revisiones y requerimientos, no obstante el contexto adverso.
Una de las acciones puntuales que ha realizado la autoridad y que no deberán pasar desapercibidas por parte de los contribuyentes, es la especial observación que se tendrá, a partir de este año, para quienes demuestren la deducibilidad, acreditación y razón de las operaciones. Es decir, demostrar coherencia entre el papel y lo que materialmente se haya realizado. Con dicha materialidad se deberán demostrar los ingresos, deducciones, acreditaciones, etc. Esto implicará que las empresas deberán estar debidamente actualizadas. Toda la información deberá ser obtenida y documentada con fecha cierta, pues de no ser así, esta materialidad estará comprometida y en riesgo de no cumplir con su objetivo. Una vez reunidas las evidencias necesarias, se deberá demostrar la razón de ser del negocio, así como la cadena económica que generó. En otras palabras, los agentes económicos deberán tener todas las evidencias necesarias: contratos, cotizaciones, órdenes de compra, proyectos, e incluso fotografías y videos (así lo ha mencionado la autoridad). De esta forma se podrá estudiar la cadena económica, así como los involucrados en el proceso.
Todos estos subprocesos y la documentación necesaria para cumplir con las obligaciones de esos contribuyentes, deberán tener lógica con las visitas que se puedan realizar. Es decir, un gasto de miles de pesos por “mantenimiento a equipos de cómputo” de una empresa con tres computadoras, ya no será viable. Por mencionar otro ejemplo, no será lógico tener una factura de varios miles de pesos por concepto de capacitación cuando no se tienen empleados, etc.
Al margen de todas las implicaciones que se han mencionado para demostrar esa materialidad, también se suma a la lista de costos adicionales a los contribuyentes. En la práctica, se ha observado que las empresas han tenido que destinar nuevos recursos para implementar áreas que se dediquen a documentar toda la información, darle debido seguimiento a todo el proceso y, una vez terminado dicha etapa, archivarlo y estar preparado para entregar cuentas a la autoridad.
Vamos a suponer que todos los contribuyentes van a cumplir con esas nuevas obligaciones tributarias, sin embargo, será legítimo consultar cómo se ejecutará este plan maestro, o ¿cuál será la estrategia para determinar quién si o quién no se someterá a esta nueva forma de auditar?
