Por: Jesús Alarcón
Hoy en día, un trabajador mexicano gana un promedio de 5 mil 700 pesos al mes. A su vez, si éste labora en la economía formal, cuando se jubile aspirará a tener una pensión equivalente a un tercio de su sueldo.
Lo anterior se explica por varias razones. Una de ellas es que los trabajadores que cotizan en el IMSS aportan el 6.5% de su salario base a su cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), de los cuales el empleador contribuye con el 5.15%, mientras que los trabajadores dan el 1.125% y el gobierno el 0.225% restante.
Otra de las razones que justifican el (desalentador) contexto actual del sistema de pensiones, es la complejidad para cumplir los requisitos de jubilación. Además de alcanzar la edad requerida (65 años), se deben cumplir con al menos 1,250 semanas cotizadas en el IMSS. Sin embargo, dadas las características del mercado laboral en México, en donde hay una alta rotación de trabajos entre la economía formal e informal, sólo 10 de cada 40 trabajadores cumpliría con dicho requisito. De esos 10 “afortunados”, 7 recibirían una pensión de $3,200 pesos al mes.
Con la iniciativa de reforma al SAR que anunció el gobierno federal en julio de 2020, se busca que las aportaciones al SAR suban de 6.5 a 15% en 2030, con un aumento paulatino en las contribuciones de los empleadores. Además, la propuesta de reforma considera reducir a 750 el número de semanas cotizadas. Estos cambios no son menores, pues de concretarse la reforma, se esperaría que los jubilados reciban aproximadamente la mitad del ingreso que tenían mientras trabajaban.
A pesar de lo anterior, el mayor reto del gobierno es reducir la informalidad, la cual emplea al 57% de los trabajadores (entre 30 y 31 millones de mexicanos), los cuales carecen de seguridad social, incluyendo el acceso al SAR. A su vez, el mayor reto del sector privado será ajustarse al nuevo esquema de contribuciones, pues el incremento en las aportaciones deberá ir acompañado de un aumento en su eficiencia o productividad, las ventas o el margen de utilidad, entre otros factores. De lo contrario, se podría correr el riesgo de tener una desaceleración en el número de nuevas contrataciones, al menos en el corto plazo. Sin embargo, para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 y promover el desarrollo social y económico del país, será necesario que la tasa de crecimiento de dichas contrataciones sea mayor durante los próximos años.
Los trabajadores formales se beneficiarán de una reforma al sistema de pensiones, pero al mismo tiempo, es necesario analizar el impacto que tendrán los empleadores. Les toca a los legisladores identificar los puntos de equilibrio en la negociación que está por venir, en donde los incentivos fiscales para empleados y empleadores jugarán un rol interesante, por no decir trascendental.
