Por: Jesús Alarcón
Hace unos días, el titular del ejecutivo federal presentó una iniciativa para reformar el sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Durante meses, dicha propuesta la ha trabajado el sector privado a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), lo cual adquiere mayor relevancia si se considera que los empleadores tendrán que pagar más a las cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) de sus trabajadores.
Hoy en día, quienes cotizan en el IMSS aportan el 6.5% de su salario base a su cuenta del SAR, de los cuales el empleador absorbe la mayor proporción con 8 de cada 10 pesos, es decir, contribuye con el 5.15%, mientras que los trabajadores dan el 1.125% y el gobierno el 0.225% restante. Con la reforma se busca que, en un periodo de 8 años, la participación del empleador suba paulatinamente hasta alcanzar el 13.87%, de modo que la aportación total de un trabajador quede en 15%. Este cambio no es menor, pues con la reforma se esperaría que los jubilados reciban aproximadamente la mitad del ingreso que tenían mientras trabajaban. Si bien este nuevo panorama no suena muy prometedor, el contexto actual es aún más desalentador.
Además de la edad de jubilación (65 años), el principal requisito para recibir una pensión es cumplir con al menos 1,250 semanas cotizadas en el IMSS, pero dadas las características del mercado laboral en México, en donde hay una alta rotación de trabajos entre la economía formal e informal, sólo 10 de cada 40 trabajadores cumpliría con dicho requisito. De esos 10 “afortunados”, 7 recibirían una pensión de $3,200 pesos al mes. Por tal motivo, la propuesta de reforma considera reducir a 750 el número de semanas cotizadas.
A pesar de lo anterior, el mayor reto del gobierno es reducir la informalidad, la cual emplea al 56% de los trabajadores (entre 30 y 31 millones de mexicanos), los cuales carecen de seguridad social, incluyendo el acceso al SAR. A su vez, el mayor reto del sector privado será ajustarse al nuevo esquema de contribuciones, pues el incremento en las aportaciones deberá ir acompañado de un aumento en su eficiencia o productividad, las ventas o el margen de utilidad, entre otros factores. De lo contrario, se podría correr el riesgo de tener una desaceleración en el número de nuevas contrataciones, al menos en el corto plazo. Sin embargo, para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 y promover el desarrollo social y económico del país, será necesario que la tasa de crecimiento de dichas contrataciones sea mayor durante los próximos años.
Los trabajadores formales se beneficiarán de una reforma al sistema de pensiones, pero al mismo tiempo, es necesario analizar el impacto que tendrán los empleadores. Les toca a los legisladores identificar los puntos de equilibrio en la negociación que está por venir, en donde los incentivos fiscales para empleados y empleadores jugarán un rol interesante, por no decir trascendental
