Por: Ilse Andrade.
La transparencia y la rendición de cuentas son dos características esenciales de un Estado democrático que permiten a la ciudadanía tener acceso al escrutinio crítico y bien informado sobre el quehacer gubernamental. Uno de los aspectos que más interés despierta en la sociedad es saber qué pasa con el dinero público. Dónde terminan esos miles de millones de pesos que, por ejemplo, se destinan a programas sociales, obras o compras públicas. La fiscalización es el instrumento que permite entender todo el ciclo de vida del erario.
En México, los responsables de la fiscalización la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal y cada uno de los 32 órganos superiores de fiscalización estatales. En julio de 2016 se promulgó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)[1] con el propósito de, entre otros, analizar la calidad del quehacer gubernamental y cerrar de espacios a la discrecionalidad, opacidad y corrupción. Uno de los ejes rectores del SNA es la fiscalización y, si bien la Ley sujeta a todos los órganos fiscalizadores a los mismos principios normativos fiscalizadores, aún enfrentan diversos retos para mejorar su desempeño, como:
- Contar con las condiciones de información (evidencia) adecuada.
- Condiciones normativas adecuadas para regular la operación de la institución hacia adentro (orgánica) y hacía afuera (cuenta pública).
- El control y vigilancia de los recursos públicos como la dispersión de la información en diferentes sistemas o repositorios.
- Dificultad en análisis de información para toma de decisiones.
- Falta de trazabilidad en el proceso de fiscalización.
- La optimización del uso de los recursos humanos mediante la automatización de tareas repetitivas que no generan valor.
Ya diversas prácticas internacionales han descrito que se deben tomar las siguientes medidas para mejorar el proceso de fiscalización:
Por lo anterior, las auditorías deben entrar a procesos de mejora continua que les permitan apuntalar el cumplimiento de sus mandatos y para ello será indispensable considerar el GobTech, en donde la utilización de distintas tecnologías es indispensable para automatizar las operaciones de las instituciones públicas y obtener ventajas competitivas en el sector público.
Como parte de las propuestas de solución tecnológica que buscan atender los retos que hoy enfrentan los órganos fiscalizadores, Koalsulting en alianza con OPIT, una consultora altamente especializada en soluciones tecnológicas, han puesto en marcha una plataforma electrónica llamada cod[i]gob que busca atender las necesidades de los entes fiscalizadores con relación a:
- Fiscalización de los entes públicos.
- Control del desempeño interno.
- Transparencia.
Se trata de una plataforma en línea, escalable, de alta disponibilidad y compatible con dispositivos móviles, diseñada desde el inicio considerando la seguridad como algo esencial. Cuenta con múltiples módulos integrados para permitir un análisis transversal de la información y facilitar la toma de decisiones.
La constitución contiene los criterios de gasto público (eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez). Si actualmente se pretende cumplirlos, será indispensable hacer uso de soluciones tecnológicas y encaminar el establecimiento de funciones públicas digitales que coadyuven en la transparencia y rendición de cuentas y permitan a la ciudadanía saber quién, cómo, cuándo y dónde se gasta el dinero público.
[1] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf Consulta 10 junio 2020.
