Factores de producción en confinamiento

Apr302020

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Por: Ricardo Corona.

Un clásico que nunca puede faltar en las consultas legales es que “más vale un mal arreglo, que un buen pleito”. Frase que hoy viene como anillo al dedo, ya que las últimas semanas de este contexto dominado por el coronavirus (Covid19), muchas personas han sabido de alguna amistad, familiar o persona conocida que se enfrenta a situaciones como, entre otras, tener que firmar una renuncia en blanco, recibir un finiquito menor a lo que contempla la ley, o dejar de recibir parte del salario para mantener el trabajo.

Para los patrones tampoco ha sido ajeno tener que negociar la renta, créditos, pago a proveedores, servicios o cualquier otro contrato. Para ambos factores de producción (trabajo y capital, respectivamente), estos escenarios se han multiplicado por miles en unos cuantos días con un mismo fin: sobrevivir. Ante estos escenarios, un abogado bien podría proponer estrategias legales que impacten en el patrimonio de un patrón, o un empleo. Pero hoy no estamos ni cerca de pensar que el tema se soluciona con estrategias que arrojen ganadores y perdedores. Es una situación inusitada en la que el derecho laboral está rebasado y corre el riesgo de colapsar si tan solo se presentaran todas esas demandas en un contexto en el que el Covid19 necesitó de 25 días para terminar con cerca de 350 mil fuentes de trabajo, equivalentes a todas las generadas durante un año. Y de seguir, no tardaría en llegar al millón de empleos.

En México el 99% de los agentes económicos son micros, pequeñas y medianas empresas, así que, para fines prácticos, esto significa que los patrones no cuentan con la capacidad económica para soportar una pandemia que los ha dejado sin operar por al menos dos meses. Ahora bien, entender dónde están parados patrones y trabajadores, requiere ver qué ha hecho el gobierno para contener los efectos de la pandemia, ya que en general hoy parece no vislumbrarse un mensaje homogéneo con acciones decisivas para atender una situación que todo mundo sabía, era cuestión de tiempo para que aterrizara en México y que está devastando a los factores de producción. El 30 de marzo pasado, el gobierno federal declaró una emergencia sanitaria sustentada en la obligación que tienen los patrones para cumplir las disposiciones que para tal efecto se emitan, al tiempo que como parte de dicha declaratoria dejaron de prestar servicios, entre otros, los tribunales laborales. Sin embargo, para poder contener en alguna proporción los efectos de la emergencia sanitaria, los patrones debían hacer un aviso de suspensión temporal a los tribunales que, al no estar en funciones, hicieron imposible dicha suspensión.

Posteriormente se determinó cerrar los establecimientos denominados no esenciales, que más allá de acordar cuáles son, dejaron a buen número de patrones y trabajadores varados, hasta que se abrió la posibilidad de celebrar convenios, de la mano de mecanismos de inspección y sanción para aquellos negocios que no cumplan las disposiciones. México se encuentra en un proceso de cambio de paradigma en su justicia laboral y esta adversidad pandémica parecía un momento adecuado para tomar la rienda, contemplar todos los escenarios venideros para paliar en la mayor medida posible los efectos que han dejado sin aire a miles de empleos, empresas y mostrar la contundencia en la defensa y protección de patrones y trabajadores.

Pero no, las medidas han sido más bien anacrónicas y por ello sus efectos también lo serán, así que, aunque las medidas hasta ahora emitidas surtan algunos efectos positivos, para muchos hoy el daño ya está hecho y se han quedado sin trabajo o sin negocio.